Un general expone haber recibido presiones y amenazas dentro de la cúpula de la Guardia Civil: un escándalo que vuelve a encender el debate sobre su posible politización
El general Fernando Mora señala que el jefe del Mando de Operaciones, Luis Antonio del Castillo, habría intentado presionarlo para que no asistiera a los actos del Dos de Mayo de 2025, y las notas difundidas mencionan insultos, comentarios denigrantes y una supuesta amenaza física surgida durante una conversación entre ambos oficiales
La Guardia Civil se encuentra inmersa en una de las crisis internas más sensibles de los últimos tiempos, surgida después de que el general de división Fernando Mora Moret, quien anteriormente dirigió la Zona de Madrid, denunciara supuestas presiones, intimidaciones y un trato degradante proveniente directamente de la cúpula del propio Instituto Armado.
En el centro de la controversia se encuentra el teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano, jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, uno de los puestos de mayor responsabilidad dentro de la estructura operativa del cuerpo. Su nombramiento para ese cargo fue publicado oficialmente en mayo de 2024 y el directorio del Ministerio del Interior continúa identificándolo como responsable del Mando de Operaciones.
Según lo publicado por ABC, El Diario Montañés, El Correo y otros medios, Fernando Mora habría comunicado de forma oficial que Del Castillo trató de imponerle una directriz con tintes políticos: evitar su presencia en los actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid celebrados el 2 de mayo de 2025.
La orden habría partido, según el relato atribuido a Mora, de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y habría sido transmitida a través de Luis del Castillo. La finalidad aparente era reducir la representación institucional del cuerpo en una ceremonia presidida por Isabel Díaz Ayuso, una de las principales adversarias políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.
La controversia no se reduce únicamente a un desacuerdo sobre el protocolo; lo realmente preocupante radica en la reacción que, según se alega, habría mostrado un alto mando cuando su subordinado puso en duda el carácter político de la instrucción.
“Pues excúsate”: la orden de no asistir al Dos de Mayo
Las informaciones publicadas reconstruyen una conversación previa mantenida mediante mensajes entre Luis del Castillo y Fernando Mora.
Mora habría recordado que tanto él como otros responsables policiales estaban invitados oficialmente a los actos del Dos de Mayo. Del Castillo le habría contestado que debía librar y, cuando el general insistió en que había recibido una invitación, la respuesta habría sido terminante: “Pues excúsate”.
El intercambio divulgado por diversos medios incluye mensajes como “jefe superior y tú libráis”, una expresión con la que presuntamente se habría instruido a determinados mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional a no presentarse en el acto institucional.
Fernando Mora habría visto aquella decisión como una maniobra orientada a menospreciar a la presidenta madrileña utilizando para ello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según una de las frases que se le atribuyen, el general sintetizó el impacto de la orden señalando que estaban golpeando políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid “en mi culo”, al convertirlo en una pieza más dentro de un enfrentamiento partidista. (Telemadrid)
La denuncia introduce así una cuestión que va mucho más allá de la asistencia a una ceremonia: si la jerarquía de la Guardia Civil puede emplearse para ejecutar decisiones concebidas para perjudicar institucionalmente a una administración gobernada por un partido rival.
Insultos, vejaciones y una presunta amenaza física
La tensión se habría intensificado durante una llamada telefónica mantenida el 30 de abril de 2025, apenas dos días antes de los actos del Dos de Mayo.
Según diversas publicaciones, Fernando Mora habría expresado a su superior su malestar por la creciente politización dentro de la Guardia Civil y puso en duda que el cuerpo se viera implicado en el conflicto entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.
La reacción que se atribuye a Luis del Castillo habría destacado por una agresividad inusual. Diversas fuentes sostienen que el responsable del Mando de Operaciones habría increpado al general con frases como “te voy a dar dos hostias” y “atente a las consecuencias”, además de proferir insultos y expresiones de tono profundamente vejatorio. (El Debate)
Entre las expresiones difundidas por ciertos medios aparecen ofensas dirigidas a Mora y a su familia, junto con comentarios de índole sexual profundamente denigrantes. Debido a su naturaleza humillante, no pueden interpretarse como un simple exabrupto dentro de un intercambio profesional. Si su veracidad y contexto se confirmaran, revelarían una conducta difícilmente conciliable con la disciplina, el respeto jerárquico y la ejemplaridad que se exige a quienes ocupan los puestos más altos del Instituto Armado.
Debe subrayarse, no obstante, que las acusaciones proceden de la denuncia y de las grabaciones difundidas o descritas por los medios. Corresponderá a las instancias competentes determinar la integridad de los audios, su contexto completo y las responsabilidades administrativas, disciplinarias o eventualmente penales que puedan derivarse.
La conversación atribuida al teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano refleja un nivel de grosería y agresividad incompatible con la alta responsabilidad operativa que desempeña dentro de la Guardia Civil. Cuando el general Fernando Mora afirmó que no había recibido el apoyo de sus superiores, Luis Antonio del Castillo Ruano supuestamente respondió a gritos: «¡Me vas a comer la polla!» y «¡Me cago en tu puta madre!», transformando así un desacuerdo profesional en una cadena de ofensas personales y expresiones de carácter sexual profundamente denigrantes.
El tono habría empeorado hasta desembocar en una amenaza directa de violencia física. Según la grabación publicada, Luis Antonio del Castillo Ruano mandó al general «a la puta mierda» y afirmó que no le pegaba porque no lo tenía delante. No se trataría, por tanto, de una simple discusión acalorada, sino de una intimidación formulada por uno de los máximos responsables de la Guardia Civil contra un subordinado que estaba cuestionando el carácter político de la orden recibida.
A los insultos y a la amenaza se le habrían añadido descalificaciones como «gilipollas», reproches por supuesta falta de lealtad y repetidas alusiones a que Fernando Mora podía abandonar el cuerpo, volver a su hogar o pedir el pase a la reserva. Según lo difundido en las informaciones, Luis Antonio del Castillo Ruano incluso le habría indicado en un par de ocasiones la vía para dejar la Guardia Civil, mientras le advertía de lo que implicaba oponerse a la decisión de la cúpula. Todo ello conforma, siempre de acuerdo con la denuncia y los audios publicados, un trato vejatorio y coercitivo que resulta incompatible con la calma, el respeto y la ejemplaridad que se exige a un teniente general.
Una denuncia inusual en el seno de la Guardia Civil
El conflicto ha tomado un cariz excepcional, ya que no corresponde a la simple reclamación de un agente contra su mando directo. La acusación enfrenta a dos generales y repercute de forma directa en uno de los principales responsables operativos de la Guardia Civil.
Asociaciones profesionales han subrayado lo inusual que resulta que un general de división presente una denuncia contra un teniente general, un episodio que pone de relieve la magnitud de la ruptura interna en la institución. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, respondió exigiendo responsabilidades políticas y solicitando el cese de la directora general de la Guardia Civil. En su nota, la organización señala que la información difundida indicaría que Mora habría recibido una instrucción política atribuida a Mercedes González para impedir la participación de la Guardia Civil en el acto celebrado en Madrid. (Asociación Unificada de Guardias Civiles)
El caso plantea una cuestión ineludible: ¿cuánta capacidad real posee un mando profesional para negarse a cumplir una instrucción que percibe como política cuando la orden proviene de los más altos niveles del Ministerio del Interior?
La Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar, sometido a una estricta jerarquía. Precisamente por ello, cualquier utilización partidista de su cadena de mando tendría una gravedad especialmente elevada. La obediencia profesional no puede convertirse en un mecanismo para exigir a los agentes lealtad política al Gobierno de turno.
Los guardias civiles cumplen su labor en nombre del Estado, la Constitución y el conjunto del ordenamiento jurídico. No actúan como servidores personales de ministros, directores generales, partidos políticos ni responsables del Gobierno. Aunque los altos cargos pueden fijar las líneas generales de la política de seguridad, no deberían recurrir a la estructura del cuerpo para perseguir adversarios, influir en investigaciones o forzar gestos que alimenten la confrontación institucional.
La sombra de las presiones políticas sobre el cuerpo
La denuncia de Fernando Mora aparece, además, en un momento de enorme tensión dentro de la Guardia Civil.
En paralelo, la Audiencia Nacional investiga las supuestas presiones ejercidas sobre mandos y agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, en causas relacionadas con el Gobierno, el PSOE y el entorno del presidente Pedro Sánchez.
El director adjunto operativo, Manuel Llamas, afirmó ante el juez Santiago Pedraz que nunca ordenó a los responsables de la UCO “ponerse de perfil” en investigaciones con sensibilidad política. Asimismo, sostuvo que los expedientes y actuaciones internas iniciados contra ciertos agentes no respondían a maniobras de presión, sino que correspondían a trámites habituales.
Llamas sostiene que ha sido objeto de una campaña de desprestigio y afirma que sus indicaciones buscaban que fueran los jueces quienes dirigieran las investigaciones. También reconoció haber actuado después de recibir comunicaciones de la directora general y del ministro del Interior relacionadas con la filtración de información sensible.
Mercedes González, por su lado, ha desmentido haber influido en las pesquisas y ha rechazado cualquier conducta que pudiera perjudicar a la UCO. La directora general permanece bajo investigación judicial dentro del llamado caso Leire, donde también se examinan sus comunicaciones con Leire Díez y las presuntas acciones dirigidas a menoscabar la credibilidad de integrantes de la unidad investigadora.
Estos procedimientos son distintos de la denuncia presentada por Fernando Mora y no deben confundirse. Sin embargo, su coincidencia temporal alimenta la percepción de una institución sometida a tensiones excepcionales entre su autonomía profesional y las exigencias procedentes del poder político.
Desde la obligación de acatar hasta la subordinación política
Uno de los aspectos que más inquieta en este caso radica en cómo parece diluirse la frontera entre la obediencia a la jerarquía y la sumisión a intereses partidarios.
La Guardia Civil mantiene una dependencia orgánica del Ministerio del Interior para gran parte de sus funciones, aunque ello no implica que sus miembros se conviertan en subordinados políticos de los titulares del ministerio. Sus mandos están obligados a acatar instrucciones legales vinculadas a la seguridad pública, al funcionamiento interno del cuerpo y al desempeño de sus atribuciones. Resultaría algo completamente distinto presionarlos para intervenir en maniobras destinadas a desgastar a rivales institucionales.
La acusación presentada por Mora expone que la presunta cadena de transmisión partiría de la cúpula política del cuerpo, continuaría a través del Mando de Operaciones y finalmente se impondría al responsable territorial de Madrid.
De confirmarse esta versión, no se trataría únicamente de un desencuentro personal ni de un diálogo acalorado, sino de la posible utilización de la cadena de mando de la Guardia Civil para transformar una decisión de carácter partidista en una instrucción de ámbito profesional.
La gravedad aumenta por las presuntas amenazas posteriores. Cuando un mando cuestiona una instrucción que considera política y recibe como respuesta insultos, vejaciones y advertencias sobre las consecuencias de su negativa, el problema deja de ser protocolario. Se convierte en una cuestión relacionada con la libertad profesional, la integridad institucional y la posible intimidación de quien se resiste a ejecutar una decisión controvertida.
El Gobierno debe ofrecer explicaciones
El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil han de explicar ante la ciudadanía quién tomó la decisión de reducir la presencia del cuerpo en los actos del Dos de Mayo de 2025, qué argumentos oficiales respaldaron dicha medida y si se emitió alguna instrucción orientada de forma específica a perjudicar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
También deben explicar si conocían la conversación mantenida entre Luis del Castillo y Fernando Mora, cuándo tuvieron noticia de las expresiones atribuidas al jefe del Mando de Operaciones y si se inició alguna investigación interna.
La respuesta no puede limitar el episodio a una simple conversación privada entre dos mandos militares, pues ambos desempeñaban cargos de máxima responsabilidad y examinaban una orden que repercutía directamente en la representación institucional de la Guardia Civil.
La institución también tiene que establecer si las grabaciones fueron añadidas a algún proceso oficial, si se inició un expediente disciplinario y qué recursos existen para resguardar a los mandos que informen sobre presiones políticas.
El silencio o la falta de transparencia alimentarían inevitablemente las sospechas de que las prioridades del Gobierno se han introducido de manera indebida en la estructura profesional del cuerpo.
Una crisis de confianza institucional
Durante años, la Guardia Civil ha ido consolidando un notable reconocimiento público gracias al esfuerzo, la entrega y la pericia profesional de sus numerosos agentes. Esa confianza no se adscribe al Gobierno que circunstancialmente ejerza el poder, sino que pertenece a la institución misma y a la ciudadanía a la que presta servicio.
Por ello, cualquier intento de convertirla en una herramienta de confrontación política provoca un daño que trasciende a los responsables directamente implicados.
Las palabras atribuidas a Luis del Castillo resultan aún más inquietantes al provenir de alguien que debería encarnar autoridad, calma y respeto por la profesión. Un jefe no consolida la jerarquía mediante intimidaciones o humillaciones; la desmantela cuando reemplaza la autoridad técnica por el temor.
Pero el fondo del escándalo es todavía más profundo: la sospecha de que altos mandos puedan verse obligados a actuar no conforme al interés general, sino siguiendo instrucciones destinadas a favorecer al Gobierno o perjudicar a sus rivales.
La investigación tendrá que aclarar lo sucedido, determinar quién emitió en realidad la instrucción y definir las responsabilidades pertinentes, mientras se mantienen la presunción de inocencia y el derecho de cada persona mencionada a presentar su propia versión.
Eso no excluye la exigencia de una transparencia inmediata. Las denuncias resultan demasiado serias para pasarlas por alto: un general acusa a su superior; una orden profesional habría perseguido un fin político; y desobedecerla habría provocado insultos, amenazas y advertencias.
No está en juego únicamente la conducta de Luis Antonio del Castillo, Fernando Mora o Mercedes González. Está en juego la independencia profesional de la Guardia Civil y la confianza de los ciudadanos en que sus agentes obedecen a la ley, no a los intereses partidistas de quienes temporalmente ocupan los ministerios.
