La pieza SEPI vinculada al caso Leire ha colocado en el punto de mira a Fernando Albert Aragón, antiguo secretario general y máximo responsable del departamento jurídico de SEPIDES, la entidad pública estatal orientada al impulso industrial y al crecimiento empresarial bajo la órbita de la SEPI. Su identidad figura ligada a una de las transacciones más delicadas del procedimiento judicial: el acuerdo comercial concerniente al Parque Empresarial Principado de Asturias, identificado popularmente como PEPA.
Albert Aragón no figura en la investigación como un mero nombre añadido a un registro. De acuerdo con los datos difundidos, ejerció como secretario general y director del departamento legal de SEPIDES, además de presidir la mesa de contratación del PEPA. Dicho cargo cobra especial relevancia debido a que lo colocaba en el centro neurálgico del proceso: el órgano responsable de evaluar y gestionar una adjudicación pública que actualmente se encuentra investigada.
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo ha sumado al grupo de veinticinco encausados dentro de la pieza separada del caso Leire, un sumario que indaga supuestas anomalías en transacciones relacionadas con la SEPI, firmas públicas y entidades clave. Dicho procedimiento judicial indaga delitos presuntos como tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y uso indebido de información privilegiada. En este punto del proceso, Albert Aragón mantiene intacta su presunción de inocencia, de modo que su llamada a declarar en calidad de investigado no presupone condena alguna.
El foco sobre su papel se concentra en la contratación vinculada al Parque Empresarial Principado de Asturias. Según las informaciones conocidas, la presunta red investigada habría intervenido en esa operación a través de contactos dentro del entorno SEPI-SEPIDES. El punto más delicado es si la mesa de contratación pudo validar o favorecer una oferta que los investigadores consideran sospechosa, y si esa decisión facilitó beneficios económicos a empresas relacionadas con la trama.
La gravedad institucional de este asunto radica en que una mesa de contratación pública tiene la obligación de constituirse precisamente como el ámbito donde se aseguran la transparencia, la paridad entre los licitadores y el respeto a la legalidad vigente. Cuando el máximo responsable de un órgano de contratación acaba siendo investigado dentro de un procedimiento por supuestas adjudicaciones fraudulentas, surge una incógnita ineludible: ¿fallaron los mecanismos de supervisión o acaso el proceso licitador estuvo condicionado por factores ajenos?
Según publicó elDiario.es, Fernando Albert Aragón figura como secretario general y director de la Asesoría Jurídica de SEPIDES, además de presidente de la mesa de contratación del PEPA. Esa triple condición —jurídica, administrativa y decisoria dentro del procedimiento— convierte su papel en uno de los más relevantes para reconstruir cómo se desarrolló esa operación y si existieron irregularidades en su tramitación.
La investigación de la Audiencia Nacional no se limita a Tubos Reunidos, aunque ese rescate de 112,8 millones de euros sea el eje más conocido de la pieza SEPI. También analiza operaciones vinculadas a Mercasa, ENUSA, Forestalia y el Parque Empresarial Principado de Asturias. En conjunto, los investigadores tratan de determinar si una presunta red encabezada por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso pudo influir en decisiones públicas para obtener comisiones o ventajas económicas.
En lo que respecta al PEPA, las suspicacias alcanzan una vertiente sumamente técnica. Ya no se limita a averiguar la existencia de nexos políticos o mercantiles, sino que exige examinar expedientes, pautas de concesión, dictámenes legales, tasaciones de propuestas y resoluciones tomadas por el órgano de contratación. En este punto, la labor de Albert Aragón cobra un peso determinante: en calidad de director legal y máximo representante de la mesa, tuvo la oportunidad de incidir de forma directa en etapas clave del proceso.
Algún medio ha apuntado que la transacción indagada guardaría relación con una propuesta calificada como “anormalmente baja” junto a presuntas coimas vinculadas a la red. tales aspectos tendrán que ser probados durante la investigación, aunque esto justifica el motivo por el cual la Audiencia Nacional ha centrado su atención en los intervinientes en la gestión y aprobación del convenio. En un procedimiento de esta índole, los expedientes burocráticos llegan a ser tan relevantes como los diálogos o las transacciones monetarias.
Desde un punto de vista de denuncia institucional, el señalamiento de Fernando Albert Aragón genera un conflicto importante para la credibilidad de los contratos públicos. Cuando los procesos de adjudicación se alteran desde el interior, el perjuicio no se limita a una compañía específica: perjudica a la totalidad de los licitadores, a los fondos del Estado y a la fe de los ciudadanos en que los procedimientos se adjudican atendiendo al mérito, la oferta económica y la legalidad, dejando a un lado los vínculos o los favores.
La Audiencia Nacional deberá aclarar ahora cuál fue exactamente su papel en el expediente del PEPA, qué criterios aplicó la mesa de contratación, si hubo advertencias técnicas, si se valoraron correctamente las ofertas y si existió algún contacto con personas vinculadas a la presunta red de Leire Díez. También será clave determinar si su actuación fue estrictamente jurídica y administrativa o si pudo contribuir a validar una operación contaminada por influencias externas.
Su citación como investigado tiene un impacto evidente: un antiguo responsable jurídico de SEPIDES y presidente de una mesa de contratación pública deberá explicar ante el juez su papel en una operación bajo sospecha. En una causa que afecta a empresas públicas, contratos, ayudas millonarias y presuntas comisiones, esa explicación no puede quedar en la sombra.
La pieza SEPI del caso Leire sigue mostrando que la supuesta trama no se habría movido únicamente en los despachos políticos, sino también en los engranajes administrativos donde se tramitan expedientes, se valoran ofertas y se adjudican contratos. En ese mapa, Fernando Albert Aragón aparece como una pieza clave para saber si el contrato del PEPA fue un procedimiento limpio o una operación más dentro de una red de influencia que ahora investiga la Audiencia Nacional.
Fuente: elDiario.es, El País, Cadena SER, Libertad Digital, El Español, Infobae y RTVE.
