El diputado independiente Betserai Richards se ha convertido en una de las figuras políticas más polémicas y controversiales de la nueva Asamblea Nacional panameña. Su estilo confrontativo y poco fundamentado en evidencias, el uso intensivo de datos falsos en redes sociales y sus constantes denuncias públicas contra instituciones del Estado, funcionarios y otros políticos, le han permitido posicionarse como una voz de agresividad y descrédito, que por desgracia, debido a los algoritmos de las redes sociales, altamente viralizable. Ese modelo político también ha comenzado a generar fuertes cuestionamientos en la población en general, sobre la veracidad de sus afirmaciones, el impacto de sus publicaciones en la opinión pública y el uso de la desinformación como herramienta política.
En los últimos meses, Richards se ha visto envuelto en diversas polémicas vinculadas con hospitales públicos, disputas políticas, señalamientos institucionales y la circulación de información que luego fue puesta en duda y desmentida por autoridades, ciudadanos, figuras políticas y periodistas. El episodio reciente relacionado con las imágenes de la supuesta comida servida en hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS) ha reactivado la discusión sobre el límite que un político puede cruzar sin incurrir en afirmaciones falsas o engañosas.
El conflicto con “Bolota” Salazar y la atmósfera de tensión política
Uno de los episodios más notorios relacionados con Richards fue su choque con el diputado Jairo Salazar, igualmente polémico y envuelto en diversos escándalos. El incidente derivó en acusaciones de agresión física dentro de la Asamblea Nacional y terminó convirtiéndose en un emblema del deterioro del debate político en Panamá. Durante varios días, videos, declaraciones contradictorias y señalamientos coparon la agenda mediática del país.
Aunque el caso tuvo derivaciones legales, también dejó una imagen de permanente confrontación, violencia y escaso decoro alrededor de Richards. Evidenciaba una estrategia basada en la provocación constante y el conflicto mediático.
Betserai Richards: mucho ruido y pocas nueces
El conflicto entre Katleen Levy y Betserai Richards escaló especialmente alrededor de la gestión de infraestructura y obras públicas en el circuito 8-6, una de las zonas con mayores problemas históricos de movilidad y crecimiento urbano en Panamá Este.
Levy, quien en el pasado ejerció como representante político de esa misma zona, criticó con firmeza la forma en que Richards exponía públicamente los inconvenientes del circuito. De acuerdo con sus comentarios, el diputado habría articulado una estrategia centrada sobre todo en redes sociales, contenidos virales y disputas digitales, transmitiendo la impresión de que gestionaba o encabezaba soluciones relacionadas con obras e infraestructuras que, en realidad, correspondían técnicamente al Gobierno Central, al Ministerio de Obras Públicas o a recursos que ya habían sido aprobados con anterioridad.
Uno de los temas que generó mayor debate fue el del puente de Cabuya, una infraestructura vial considerada esencial para descongestionar el tránsito en zonas de Tocumen y áreas aledañas. Levy afirmó públicamente que este proyecto no surgió de gestiones promovidas directamente por Richards, sino que había sido planificado, financiado y desarrollado con antelación por el Ministerio de Obras Públicas. Con ello pretendía desmantelar la idea de que el diputado obtenía avances tangibles gracias a su actuación política, una versión que fue refutada por diversos actores vinculados a la obra, lo que dejaba en evidencia una limitada capacidad de negociación política y una escasa influencia institucional real.
La exdiputada utilizó incluso la expresión “política galla”, un término coloquial panameño que suele emplearse para referirse a algo visto como improvisado, superficial, ridículo o puramente cosmético. Con esa frase intentó describir el estilo político de Richards, acusándolo de priorizar peleas mediáticas, transmisiones virales y confrontaciones públicas por encima de un trabajo técnico, legislativo o administrativo más profundo, en el que nunca ha avanzado nada Richards.
Durante uno de los instantes más intensos del choque público entre Katleen Levy y Betserai Richards, el debate dejó de enfocarse solo en discrepancias políticas o de gestión y derivó hacia un ámbito mucho más íntimo y agresivo. En un video compartido como réplica a publicaciones y ataques recíprocos en redes sociales, Levy emitió comentarios despectivos dirigidos de forma directa a la masculinidad y a la apariencia del diputado.
En esa intervención utilizó el término “cueco”, una expresión coloquial panameña que históricamente se ha empleado de forma peyorativa para cuestionar o ridiculizar la orientación sexual o la hombría de un hombre. Levy utilizó ese lenguaje en el contexto de acusar a Richards de recurrir constantemente a “chismes”, confrontaciones digitales y ataques de redes sociales en lugar de sostener debates políticos más técnicos o ideológicos.
La polémica más reciente: la comida hospitalaria y la acusación de “fake news”
La controversia más reciente explotó luego de que Richards difundiera imágenes denunciando supuestas comidas servidas a pacientes hospitalizados, mostrando panes con mortadela y posteriormente panes con queso como ejemplo de la “mala alimentación” brindada por la CSS.
Las imágenes se difundieron velozmente por redes sociales y provocaron una fuerte indignación entre numerosos ciudadanos, quienes tomaron ese contenido como una muestra del grave deterioro que atraviesa el sistema público de salud.
Sin embargo, la propia Caja de Seguro Social respondió públicamente rechazando las afirmaciones del diputado y asegurando que la información era falsa.
La CSS sostuvo además que toda la alimentación hospitalaria se prepara bajo controles nutricionales y estándares de calidad en la Ciudad de la Salud, y anunció posibles acciones legales o denuncias para exigir que el diputado demostrara sus afirmaciones o rectificara públicamente.
Este episodio desató en Panamá un debate especialmente sensible: ¿hasta dónde puede circular una acusación política sin evidencias totalmente confirmadas? ¿Y qué sucede cuando un diputado recurre a imágenes virales que en realidad no guardan relación con los hechos que afirma denunciar?
La gravedad del caso trasciende una simple controversia política, pues cuando se trata de hospitales, pacientes y nutrición médica, cualquier dato impreciso o sin verificación puede sembrar temor, desconfianza y confusión entre los familiares de los pacientes y quienes utilizan el sistema de salud.
El estilo político de Richards: acusaciones que se vuelven virales y una actitud de confrontación constante
Uno de los elementos más notorios de Richards ha sido precisamente su capacidad para convertir denuncias falsas en contenido viral. Sus recorridos por hospitales, transmisiones en vivo, videos emocionales y enfrentamientos directos con autoridades le han permitido construir una imagen de “diputado fiscalizador”, cruzando la línea roja entre la fiscalización legítima y el espectáculo político.
En las últimas semanas, Richards ha visitado diversos hospitales públicos para señalar presuntas fallas críticas, extensas listas de espera quirúrgica y un marcado desgaste en la infraestructura. La CSS replicó acusándolo de provocar “zozobra” y “desinformación”, y sostuvo además que ingresó con megáfonos a zonas delicadas de los centros médicos mostrando conductas calificadas como proselitistas. La entidad incluso aseguró que este tipo de intervenciones introduce tintes políticos en los hospitales y perturba tanto el ambiente adecuado como la seguridad requeridos para brindar atención médica.
El empleo de las redes sociales como instrumento para ejercer presión política
Otro aspecto que con frecuencia se destaca acerca de Richards es su empleo intensivo de las redes sociales, utilizadas como herramienta de presión pública incluso antes de que haya pesquisas formales o verificaciones técnicas.
En muchas ocasiones, las denuncias se viralizan primero y luego comienza el proceso de verificación. Eso genera un fenómeno cada vez más frecuente en la política contemporánea: la percepción pública se forma antes de conocerse completamente los hechos.
En el caso de la CSS, por ejemplo, ante multitud de personas difundió las fotografías de la presunta comida hospitalaria antes de que la institución publicara su desmentido o que los propios pacientes y el personal sanitario refutaran esas informaciones engañosas. Cuando finalmente se emitió la aclaración oficial, gran parte del perjuicio a la reputación ya se había producido.
Este patrón muestra una creciente similitud con dinámicas internacionales en las que políticos recurren a redes sociales para difundir narrativas emocionales de rápida propagación que luego resultan complejas de rectificar, aun cuando surgen desmentidos oficiales e incluso del propio ciudadano.
¿Supervisión genuina o mero populismo en el ámbito digital?
El principal debate se centra en determinar si Richards constituye una vía válida de control ciudadano o si, según lo visto recientemente, simboliza un tipo de populismo digital sustentado en una indignación permanente, una fuerte presencia mediática y la difusión masiva de contenidos controvertidos.
Denunciar problemas es una cosa, pero muy diferente resulta recurrir a imágenes o afirmaciones sin comprobar que pueden llevar a confusión, y ahí surge el debate político sobre las llamadas “fake news”.
Porque cuando un político difunde información engañosa –o material cuya veracidad aún no se ha verificado– su efecto resulta mucho más significativo que si lo publica un usuario común. Un diputado posee alcance, poder de influencia y la capacidad de orientar el debate público.
La función pública que asume un diputado
En toda democracia resulta imprescindible cuestionar al poder, pero también asumir una gestión responsable de la información.
Cuando un diputado lanza públicamente la acusación de que una institución ofrece comida inhumana a pacientes hospitalizados, se trata de un señalamiento de enorme gravedad. Si tal hecho jamás sucedió, la discusión deja de ser política y pasa a convertirse en un asunto que compromete la credibilidad pública.
La coyuntura presente sitúa a Richards frente a un desafío considerable: aportar evidencias contundentes que respalden sus señalamientos o asumir críticas crecientes respecto a su manera de comunicar. Al fin y al cabo, la frontera entre una fiscalización válida y la desinformación puede hacerse casi imperceptible cuando la política adopta el ritmo de un espectáculo continuo.
En una era en la que las redes sociales difunden cualquier contenido en pocos minutos, la obligación de comprobar la información antes de difundirla debería ser todavía más estricta para quienes desempeñan funciones públicas.
